Luego
que la Ley de Comunicación ha sido oficialmente consagrada, se siguen
incorporando nuevos padrinos. Todos los días, desde que amanece hasta que
anochece, por todos los medios, se escuchan "voces" de artistas, gente
de radio, tv, y de algunos aspirantes a periodistas, que se congratulan, unos,
porque sus canciones pronto serán escuchadas y sus producciones vistas –obligatoriamente-
por todos; otros, porque “por fin se democratizará la información”. Lo curioso
es que muchos de los artistas y comentaristas que aparecen en las propagandas se
dieron a conocer gracias a las producciones y la difusión de los "medios
corruptos"; más resulta que han estado invisibilizados, y de paso,
explotados. Lo que no les dijo quien los contactó, es que el éxito, con ley o
sin ella, no se consigue por decreto ni a través de producciones baratas (en
calidad) y, en el caso de audiovisuales, recurriendo al chiste burdo, sexista,
o racista.
La
avalancha propagandística que estoicamente viene soportando la ciudadanía, con música
sacra de fondo y tomas del jolgorio montado por el gobierno, trata de
posesionar en la mente de la gente lo buena e inofensiva que es la ley, y que gracias
a la “revolución” se ha rescatado la libertad de opinión, la cual, según se dice,
"ha estado secuestrada por los medios mercantilistas". Cosa curiosa,
pues fueron estos mismos medios y sus presentadores “estrellas” los que
impulsaron la candidatura de quien actualmente detenta el poder. Esto sin
contar que desde hace cinco años han estado al servicio del gobierno una
veintena de medios incautados, entre estaciones de televisión, radioemisoras y
periódicos, la mayoría de alcance nacional, y que durante los últimos siete
años, ya utilizando las tarimas o mediante permanentes cadenas nacionales de
radio y tv, quien ha tenido mayor exposición mediática para hacer campaña
electoral, atacar o adjetivar a sus detractores, promocionando la obra
gubernamental, es quien hoy se proclama el Simón Bolívar de la libertad de
expresión.
La
nueva ley es algo así como una bonita camisa de fuerza. Dice, por ejemplo, que los medios están
obligados a publicar todo aquello que sea de “relevancia pública”. Qué puede
ser más relevante y de interés público que cualquier cosa que haga o diga el
supremo jefe, o que salga del ministerio de propaganda. Gracias a ello, ahora
sí, estaremos enterados de las cosas más insignificantes, revestidas de
trascendencia gracias a una solemne voz en off, titulares grandilocuentes, o
imágenes rebuscadas. En resumen, ya no tendremos una sabatina semanal, sino una
cadena continua durante toda la semana. La novel ley, también incorpora una
figura jurídica que parece el título de un cuento de terror, el “linchamiento
mediático”, frase que en buen romance significa que está prohibido a los medios
publicar sobre hechos escabrosos –como escándalos de corrupción y otros actos
penados por la ley- mientras la justicia no se haya pronunciado.
Luego
de experiencias pasadas, esto parece un buen intento para curarse en salud. De
haber estado vigente esta norma tiempo atrás, no se habrían podido descubrir los
millonarios contratos otorgados por la administración a un influyente personaje,
la falsificación de título de un poderoso funcionario, la adquisición de
radares inservibles, ambulancias con sobreprecio, o que se denuncien millonarios
negociados a través de la reventa de crudo entregado a un país extranjero. Otra
cosa que no se sabe cómo va a operar es la denominada “responsabilidad ulterior”
que hace corresponsable al medio por las expresiones que en él se emitan. Que
alguien explique cómo el medio podrá evitar opiniones expresadas en vivo por un
entrevistado. ¿O la intención será que se supriman las entrevistas y programas
de opinión, y que esos espacios se dediquen a hablar de fútbol o de farándula,
o lo que es peor, que los medios cierren sus puertas?
Uno
de los argumentos en que se sustentó la propuesta de ley, fue que los medios
venden basura. Lo que no se dice es que son precisamente los medios incautados
-en manos del gobierno- los principales productores y transmisores de programas
basura. Y es precisamente gracias a estos programas, que cantantes y “talentos”
de tv -que animan programas futboleros, de farándula, o de sensacionalismo
amarillista- de la noche a la mañana se convirtieron en íconos defensores de la
ley. La mala noticia para la casi totalidad de ellos es que pasada la campaña
de promoción y posicionamiento de la ley, ya no se los necesitará. Para el
gobierno no es suficiente la incondicionalidad, más importante es la
funcionalidad; es decir, que la credibilidad e influencia que se tenga en el
público sean rentables. En estos tiempos de revolución, no solo los adultos son
desechables; también lo son todos quienes dejan de ser utilitarios, los que no
cumplieron con las expectativas que se tenía, o no entendieron bien aquello de
“ponerse la camiseta”.
Coherente
con su vocación controladora, al gobiernismo se le ocurrió la brillante idea de
crear órganos supervisores-juzgadores conformados por representantes de
entidades subordinadas, y un superintendente nombrado por el supremo jefe. Así,
el gobierno se convierte en inspector, alguacil, y juzgador. Él calificará si
los medios cumplen o no con la ley, y él mismo los sancionará. De esa manera
los medios que no estén alineados con el oficialismo quedarán en la más
solitaria indefensión, pues hasta el Defensor del Pueblo se convirtió en abogado
de los organismos estatales.
Siendo
justos, hay que reconocer que la maquinaria propagandística del gobierno ha
demostrado ser efectiva. La estrategia de doblegar sistemáticamente a los potenciales
y supuestos enemigos que fue construyendo el régimen se ha cumplido
eficientemente. Uno por uno, bajo la tesis de que la legitimidad solo se la
adquiere en las urnas, todos han sido descalificados, estigmatizados y asediados
judicialmente. Salvo alguna que otra escaramuza, el único sector bien librado ha
sido el financiero, principal beneficiario de las políticas gubernamentales.
Ciertamente
la prensa privada no ha sido un dechado de virtudes, ejemplo de democratización
de la palabra, o de independencia. Salvo ciertas excepciones, sus espacios han
servido a intereses particulares, grupos de poder, o determinados sectores
políticos. En más de una ocasión, se han prestado para enervar el endeble prestigio
de algunos gobiernos o para impulsar campañas orientadas a acabar, sin mayores
elementos de juicio, con la honra de ciertos funcionarios, y aún de
particulares. Sin embargo, nada justifica la clara intención del oficialismo de
acabar con los reducidos espacios de expresión que le quedan a la debilitada oposición,
silenciarla con procedimientos retardatarios, obligar a que se autocensuren, e
imponer a rajatabla su sola verdad. Si en la práctica no existen mecanismos de
control efectivo de la corrupción; si hasta los contratos de préstamo con la
banca china, principal acreedora del país, se los maneja con el carácter de
reservados, ¿qué se puede espera a futuro, si se cierran todas las puertas al
periodismo investigativo, que es lo que en realidad parece molestar al régimen?
Es
imposible no recordar que, a su tiempo, estalinismo y fascismo (aparentemente
enemigos irreconciliables) utilizaron como principal recurso para consolidar su
poder el control de la información y la utilización de la propaganda. Recursos
que sirvieron para desprestigiar a sus opositores y sembrar el odio, al tiempo que
se sobredimensionaba las ejecutorias gubernamentales y se sublimizaba a sus
líderes. Utilizando la propaganda, se hizo creer al pueblo en un futuro
promisorio. También se inventaron enemigos para justificar la purga. “Enemigos
del pueblo” se llamó a la disidencia en el caso del estalinismo, mientras que
el fascismo arremetió en contra de comunista y judíos, los que de a poco fueron
sometidos y exterminados, esto, con la complacencia de masas alienadas que
impasibles convalidaban esos actos de barbarie.
El
entusiasmo con que algunos han acogido la ley, hace ver lo manipulables que son
las masas. Masas que con reprimida satisfacción ven como los enemigos que creó
el gobierno reciben su merecido, perdiendo de vista a los verdaderos
responsables de la exclusión e inequidad que los afecta.
