Cambios en la Constitución: El reacomodo del poder

En esta entrevista realizada por Juan Carlos Calderón, Luis Verdesoto analiza el funcionamiento de las fuerzas que coexisten al interior de AP, y como ha operado el reparto -él gentilmente denomina "reacomodo"- del poder, que es en definitiva el leitmotiv de quienes integran esa orquesta tropical denominada "revolución ciudadana"

"Los cambios en la Constitución no son sino el reflejo del reacomodo del poder en el seno del Gobierno, donde el Grupo de Guayaquil, con el vicepresidente Glas a la cabeza, ha acumulado un enorme poder nacional e internacional. El Grupo maneja los temas sustantivos del poder, mientras que para el resto, la llamada izquierda del correísmo, queda lo adjetivo, la operación política, los puñetes en la esquina. Esta es la tesis del doctor en Sociología y politólogo, Luis Verdesoto, quien la desarrolla en esta entrevista"

Continuar lectura: http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/cambios-la-constitucion-el-reacomodo-del-poder

El correismo, la personificación del poder y el vacío de ideología

 

Conocidos los resultados electorales, en una de sus primeras intervenciones, Rafael Correa anunció que concluido su nuevo mandato en el año 2017 se retiraría de la vida política ya que era necesario ‘descorreizar’ el país. Este exabrupto permite apreciar la superficialidad con que se observa la política desde el gobierno, además del enorme ego de un presidente a quien las masas utilitarias lo han elevado a la categoría de ser supremo y dueño de sus voluntades, o al menos, eso le han hecho creer. Prueba de ello es su arrogante amenaza de lanzarse a una nueva reelección si la oposición y la prensa privada ‘le siguen molestando’.

Sin duda, hubiese sido mucho pedir que la expresión de Correa se diese en un contexto en que ‘descorreizar’ el país significase pasar del ‘correismo’ -entendido como una corriente popular ligada a la figura del presidente- a una opción con contenido ideológico y pensamiento teórico que dé sostenibilidad a lo que denominan ‘el proyecto’, el cual, por la inexistencia de debate y la diversidad de intereses que confluyen al interior del gobierno, no pasa de ser un conjunto de acciones, propuestas y consignas, que tienen como hilo conductor y único objetivo la promoción de la imagen del presidente, no obstante que por conveniencia política se mantiene un discurso seudo izquierdista que no guarda coherencia con las acciones del régimen, como se demuestra con la persecución a activistas sociales, campesinos, estudiantes, y todo cuanto huela a oposición.

Acorde a lo anterior, la ‘revolución ciudadana’, cuyo propósito debió ser la transformación social, se quedó en un enunciado que la subjetividad del gran conglomerado de simpatizantes la relaciona con el desempeño administrativo del gobierno. Para ellos, la revolución se resuelve en los procesos de contratación pública que permiten la ejecución de obras de infraestructura vial y de servicios y, desde luego, en lo que constituye el producto estrella del régimen, el denominado bono de desarrollo humano, subsidio que según la propaganda oficial ha permitido a más de dos millones de personas mostrar la cabeza por sobre la línea de pobreza.  

Lejos quedó la visión que se supuso tenía ‘el proyecto’, como un concepto transformador, enfocado principalmente a modificar las relaciones de poder, que como en toda sociedad capitalista se definen en favor de quienes detentan el control económico y sus aliados políticos, esquema que sostiene la estratificación social. Tampoco se avizora ninguna intención de cambiar el modelo de desarrollo basado en la explotación indiscriminada de recursos primarios que se comercializan sin ningún valor agregado, y en una inversión pública sostenida con capitales de origen asiático que ingresan en forma de préstamos, cuyo pago se garantiza hipotecando prácticamente la totalidad de la producción petrolera estatal en beneficio del imperio chino. En realidad, contrario a lo que muchos esperaban, la ‘revolución ciudadana’ se ha convertido en la gran aliada del capital privado. Minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, recursos hídricos; es decir, los recursos estratégicos, cuya explotación reporta inmensas ganancias, han sido concesionados a multinacionales extranjeras, mientras que las pocas empresas públicas creadas por el ‘socialismo del siglo XXI’ se convirtieron en feudos entregados a grupos hegemónicos que cohabitan al interior del propio gobierno, producto de lo cual ha emergido una opulenta nueva clase vinculada a la burocracia.

       

La incoherencia política, graficada como un vehículo que pone direccionales a la izquierda pero que gira a la derecha, tiene su origen en la composición del precedente ‘Acuerdo País’, que no era sino un improvisado grupo de ciudadanos de las más variadas y contrapuestas tendencias –característica que se mantiene- que, aprovechando un vacío en la dirección política de la nación -producto de disputas entre sectores de la clase dominante- vendieron al pueblo una propuesta de ‘cambio’, que estaría liderada por quien aparentaba tener una visión progresista del manejo del estado, defensor de las libertades, de los derechos humanos, de la naturaleza. En realidad, y en esto hay que ser justos, Correa jamás ha dicho ser marxista. Lo de ‘socialista’ y ‘revolucionario’ le salió después, adhiriéndose a una nueva versión reformista socialdemócrata liderada por Lula y Chávez que comenzó a rendir frutos electorales en América Latina. Hoy está claro que la hegemonía al interior del gobierno la tiene el sector más derechista y reaccionario, y que los sectores progresistas que adhirieron al régimen se han replegado, ocultándose en el anonimato tratando de no ser excluidos del rol de pagos. 

Visto desde una perspectiva histórica, el ‘correismo’ no es un fenómeno aislado. Es una réplica de lo que ha pasado en otros estados latinoamericanos. En los últimos tiempos el chavismo y el kirchnerismo dan cuenta de la preferencia en estos países por rendir culto a la personalidad, que una bien montada maquinaria propagandística lubricada con medidas populistas se ha encargado de impulsar, y que responde a la abierta intención de los caudillos por perennizarse en el poder, para lo cual echan mano de prácticas similares a las ejecutadas en ciertos países de Asia y Europa del Este, algunas de esa dictaduras camufladas bajo el membrete de ‘socialistas’.    

Caudillos latinoamericanos del siglo XXI

Quienes han observado algunas campañas electorales seguramente tendrán la impresión que cada vez que se dan esos procesos, de algún cajón abandonado, cubierto de polvo y tiempo, alguien recuperó la misma desgastada cinta que nuevamente se repite hasta el cansancio, con mensajes llenos de promesas falaces, fantasiosas, ridículos slogans, canciones hechas al apuro, y frases prefabricadas, que hablan de cambios y hasta de revoluciones, carnada con que se busca atrapar a los incautos.

 

Luego de una época de inestabilidad política en que botar Presidentes se convirtió en deporte nacional –acusándolos de incapacitados mentales o incompetentes–, por cansancio o escepticismo, vemos que hoy la población mira con indiferencia las campañas electoreras, así como los abusos más grotescos, sin siquiera perturbarse. Lo anecdótico del caso es que justamente son los gobiernos autocalificados de ‘revolucionarios’, que proclamaban la recuperación de la patria para los pobres y la participación popular en la construcción de un nuevo país, los que lograron desmovilizar a la ciudadanía haciéndole perder toda conciencia crítica; y no solo eso, con las sucesivas aprobaciones plebiscitarias la convirtieron en cómplice de un perverso plan cuyo objetivo era llegar al control totalitario del poder.

 

¿Por qué gobiernos que se presentaron como alternativa a las políticas neoliberales excluyentes, concentradoras e inequitativas, terminaron destruyendo la institucionalidad y conculcando ciertas manifestaciones de la voluntad ciudadana? Simplemente porque tras toda la discursiva social y reivindicatoria se escondía un proyecto caudillesco sustentado en medidas populistas.  La subyugación de la institucionalidad que se observa en los gobiernos ‘socialistas del siglo XXI’ obedece a la necesidad del líder de ejercer el control absoluto del Estado. Como no pueden disolver la función legislativa y demás órganos del poder público debido al repudio que tal acción generaría, se apropian de ellos a través de falaces mecanismos de designación de autoridades en los cuales siempre resultan elegidos individuos cuya principal característica es su incondicional obediencia al caudillo.

 

La presencia del caudillo y el estado prácticamente de excepción en que viven los países de esa corriente no se justificaría si no existiesen enemigos a los que hay que liquidar. De ahí que, aún cuando estén en el poder cinco, diez, quince, o más años, le dicen a la gente que la tarea no está terminada, que necesitan más tiempo para derrotar al ‘pasado’, y en esas se pasan, inventando enemigos, cuando no son empresarios y banqueros –en realidad sus principales aliados-, son los medios de comunicación, los gremios aún no sometidos, los intelectuales no adherentes, e inclusive, alguna figura de otro país que emitió algún comentario adverso al régimen –hecho que automáticamente lo convierte en testaferro del ’imperio’ –, y para que no queden dudas del carácter ‘revolucionario’ y libertario del gobierno se manipulan imágenes y frases de referentes históricos (Bolívar, Sandino, Martí, Alfaro…, quienes, por algún inexplicable sortilegio, supuestamente comparten el pensamiento del caudillo).

 

Estas dictaduras tratan de compensar la pérdida de libertades y seguridad jurídica de la sociedad civil mediante acciones asistencialistas de corte neoliberal dirigidas a un gran segmento de población beneficiaria de bonos y subsidios con que la benevolencia oficial busca asegurar su fidelidad. Y a quienes no participan de esos beneficios se trata de seducir con falaces campañas publicitarias que sobredimensionan las ejecutorias del régimen. Así, nuevas carreteras, centros de salud y escuelas dan cuenta de un país que gracias al caudillo avanza a un futuro radiante de progreso y felicidad, tramoya que se convierte en el mejor escudo frente a denuncias de corrupción, violaciones constitucionales y toda clase de arbitrariedades. Cualquier ‘error’ –eufemismo con que el oficialismo denomina a los actos impúdicos- del gobierno y sus colaboradores se justifica con ‘la obra’, la cual resaltan fue realizada por ‘ellos’, como si la hubieran realizado con su dinero; y como creen que sí, que es su dinero, no les importa hacer mal uso de él.

 

Algunos entendidos encuentran que el enorme esfuerzo y desgaste al que se someten los nuevos caudillos latinoamericanos para lograr y mantener el control absoluto del poder, tiene como hilo conductor el impulso casi instintivo por restituirse de experiencias traumáticas, producto de carencias afectivas o materiales que les afectó en alguna etapa de sus vidas. Sin embargo, sería ingenuo pensar que solo buscan el poder por el poder, ya que unido al control político del estado está el control de sus recursos materiales y económicos. En realidad, son estos dos factores: el ejercicio absolutista de la autoridad y el manejo discrecional de la economía lo que hace que se jueguen la vida por mantenerse en el poder, sino recordemos lo que fueron las experiencias caudillistas de mediados del siglo pasado en Cuba, Dominicana, Nicaragua, Haití, entre otras.

 

Pero no crean que armar lo que denominan “el proyecto” es cosa fácil. Ciertamente se requiere de una compleja estructura material, jurídica y humana sobre la cual se sostiene. Al no tener verdaderas motivaciones ideológicas, estas iniciativas se sustentan en intereses puramente económicos que no podrían satisfacerse si no se construyeran complejos mecanismos de corrupción que involucran a todos los estamentos: un legislativo que fabrique leyes permeables; una justicia selectiva, benevolente con el poder y dura con los opositores; y, una maquinaria represiva que mantenga a distancia a quienes cuestionen o pretendan hurgar en los negocios de la administración.           

 

No obstante, la red clientelar que tejen esto regímenes es tan grande que no son pocos los ilusos que defienden a capa y espada al caudillo. En la práctica muchos de sus seguidores practican cultos en donde se venera al líder, no falta el afiche con su foto en el lugar más prominente de la vivienda, la bandera que identifica al movimiento. Los más fanatizados, los que torpemente confunden populismo y desarrollismo con revolución utilizan lenguaje de barricada, forman parte de los frentes de choque, asisten a concentraciones, se conocen de memoria los slogans. El caudillo les convenció que son parte de una revolución; desde luego, una revolución sin participación ciudadana, sin ideología, una revolución que se esfuerza por mantener intacto el sistema, las relaciones de poder y la estratificación de clases. Como alguien dijo: “las masas son rebaños que inconscientes siguen al lobo disfrazado de pastor”

Las dictaduras casi perfectas

- - -

Son ya más de dos décadas desde que Mario Vargas Llosa, con absoluto aplomo sentenció: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México… es una dictadura camuflada..., puede parecer no ser una dictadura, pero si uno escarba tiene todas las características de una dictadura...”; y agregó: “Tan es dictadura la mexicana, que todas las dictaduras latinoamericanas desde que yo tengo uso de razón han tratado de crear algo equivalente al PRI”. Sus críticas incluyeron también a los intelectuales, cuando aseguró: “esta dictadura ha creado una retórica de izquierda, para lo cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales”. “Yo no creo, dijo, que haya en América Latina ningún caso de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual sobornándolo a través de trabajos, de nombramientos, cargos públicos, sin exigirles una adulación sistemática…”   

Años después, con el declive de las ideologías y consecuentemente de los partidos, algunos gobernantes latinoamericanos le dieron la vuelta a la estrategia priista. A diferencia del caso mexicano, en estas latitudes no son los partidos quienes se apropiaron del poder, sino los caudillos. Solo por formalismo para cumplir determinados requisitos tienen tras de sí un membrete alusivo a algún partido o movimiento, pero son ellos quienes de forma inapelable imponen su voluntad. En este esquema, resulta ingenuo a más de inútil criticar la falta de un partido oficialista orgánico, estructurado, ideológico, menos la inexistencia de cuadros deliberantes. En este modelo ni el mando ni las decisiones se discuten, caudillo y partido son uno solo, el caudillo es el partido, sin él este es un espejismo.

La fórmula utilizada por las neo dictaduras responde a una planificación que en el transcurso del tiempo se va resolviendo de forma sistemática. Primero se ganan las elecciones mostrando un rostro amigable, democrático, sintonizando el malestar de la gente hacia gobiernos precedentes inestables, corporativistas, corruptos. Allanado el primer escollo se emprende en una rabiosa campaña de desprestigio en contra de políticos y rezagos de partidos, atribuyéndoles la responsabilidad de todos los males que padece la República. Ya con el viento a favor, se convoca a una Asamblea Constituyente, en donde una fanatizada mayoría oficialista emprende la tarea de cambiar el marco constitucional e institucional del Estado con el mismo prolijo cuidado con que un sastre haría un traje a la medida del caudillo. El resultado, una Constitución que las huestes oficiales bautizarán como la más avanzada del mundo, que garantiza la felicidad, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la participación popular. Derechos que más tarde el mismo oficialismo se encargará de violar y pisotear hasta convertirlos en letra muerta.  

Logrado ese segundo objetivo y sin oposición, de a poco, mediante engañosos procedimientos de designación y falaces concursos, el caudillo irá controlando las demás funciones e instituciones del Estado. De esa forma, órganos constitucional, legislativo, electoral, judicial y de control son ocupados por funcionarios allegados al gobierno.

Pero esto es solo una parte del poder y estos gobernantes no se conforman con eso, lo quieren todo. Sueñan con levantarse cada mañana y ver enormes titulares alabando su gestión. Para eso necesitan controlar el más importante de los poderes: los medios de comunicación, enemigo que a diario amenaza con derruir el santuario que tanto les cuesta levantar. Conscientes de la paradójica fragilidad de los regímenes autoritarios y de la dudosa fidelidad de las masas, a las cuales sino se les martilla el cerebro todos los días fácilmente se olvidan de su benefactor, los caudillos saben que resulta extremadamente peligroso dejar este cabo suelto. De ahí que, en su paranoico empeño por controlar el espacio mediático cierran estaciones de tv y radio, se apropian de otras, inundan los espacios con propaganda y cadenas, persiguen a quienes mediante artículos y crónicas denuncian actos ilícitos o cuestionan la verdad oficial. Quisieran clausurarlos a todos y que la única voz que se escuche sea la de ellos, más en esto no tienen respaldo popular y tampoco se quieren enfrentar al repudio internacional, por ello, persisten en su intento por limitar la libertad de expresión a través de leyes expedidas por las legislaturas, en donde, pese al carácter dependiente de ese órgano tampoco tienen mucho éxito.    

Estos avatares, las circunstancias y la soledad, obligan a los caudillos a refugiarse en sus palacios, a rodearse de varios círculos de incondicionales a quienes entregan la dirección de ministerios, empresas y otras entidades para que los manejen como propios, como si fuese un cheque en blanco. Lo único que exigen es que ejecuten obras, no importa cómo, lo importante es que lo hagan. A cambio de ello los escogidos tendrán absoluto respaldo e inmunidad. El brazo de la ley, manejado a control remoto, ni siquiera intentará acercárseles. 

Al igual que ocurrió en México, también en estos países el poder logró captar a un buen grupo de ‘intelectuales’, llámense escritores, músicos, pintores, teatreros, investigadores sociales, a muchos de los cuales cobijó y compró su adhesión entregándoles nombramientos en distintos órganos de la administración, en misiones diplomáticas, o bien premiándolos o apoyándolos para que capten la dirección de Instituciones culturales y, de paso, nombrándolos miembros permanentes de las comisiones que viajan con gastos pagados a toda clase de congresos, ferias y encuentros dentro y fuera del país. A ellos el poder les reconoce la representación de la intelectualidad, son los consentidos, los que iluminan los conversatorios, entrevistas y foros en medios y eventos oficiales. No se les exige mayor cosa, en muchos de los casos ni siquiera pronunciamientos directos en favor del poder, solo discreción y silencio, casi nada.         

En tanto, al pueblo se lo mantiene en calma, casi adormecido con una bien planificada campaña propagandística, con la que día a día se le suministra altas dosis de un somnífero envasado en forma de spots de Tv o cuñas de radio que van directo al subconsciente. Mensajes que hablan de una revolución que avanza, de la recuperación de la soberanía, de que la patria ya es de todos, del sueño nacionalista que reemplaza al ‘american dream’, de la casi extinción del desempleo. Mensajes que enseñan rostros de padres sonrientes y niños felices en sus casitas maltrechas. Se apropian de símbolos y referentes históricos. El marco que adorna este espejismo son nuevas carreteras o misiones de asistencia que cumplen a cabalidad con el objetivo de darle credibilidad a los mensajes. Así, el pueblo cree que los desempleados y subempleados son apenas unos pocos infortunados bajo la línea de pobreza; que la justicia, secuestrada en nuevos castillos de cristal -construidos mediante dudosos procesos de contratación- es independiente, imparcial, expedita y justa; que la inseguridad, el abandono de los ancianos, la falta de medicamentos, la saturación de los hospitales, la miseria que se observa en las ciudades más pobladas y en el campo, así como las denuncias de corrupción, son invenciones de odiadores y de la prensa corrupta.

Cuando Vargas Llosa se refirió al caso mexicano, no avizoró el pronto retorno -con nuevos rostros- de los caudillos que tiempos atrás asolaron América Latina, solo que esta vez la herramienta utilizada para acceder y sostenerse en el poder no fue el tradicional golpe de estado con apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron conquistando el voto popular, encantando a las masas con un discurso que sintonizaba viejas aspiraciones de reivindicación social y reprimido rechazo a las estructuras partidistas responsables de la inequidad, exclusión, y saqueo de los recursos públicos. Los caudillos volvieron con la decidida intención de quedarse. Para ello pusieron en marcha un proyecto al más puro estilo populista. Echando mano de prácticas propias del capitalismo, no solo mantuvieron los subsidios a ciertos bienes y servicios instituidos por gobiernos neoliberales, sino que ampliaron el universo clientelar a un gran segmento de población pauperizada echándoles el cuento que ese estipendio los sacaría de la pobreza. Los caudillos están conscientes que el modo más fácil de acabar con la miseria es desarrollando la economía, incentivando la producción, abriendo mercados y generando fuentes de empleo; pero también saben que ello acabaría con la dependencia de millones de ciudadanos que ven en ellos la reencarnación del Mesías, al gobernante bueno que lucha por atender las necesidades no satisfechas de su pueblo, al Robin Hood que quita el dinero a los ricos para repartirlo entre sus allegados y los pobres. Este esquema ha acabado con el interés ciudadano por la política, las ideologías, los programas de gobierno, al punto que a un mayoritario segmento poblacional le importa un carajo la pérdida de libertades, el debilitamiento de la democracia, las violaciones al ordenamiento jurídico, la pérdida de la institucionalidad, al fin que de eso no viven, dicen.

Estas son las nuevas dictaduras, casi perfectas sino fuera por la prensa ‘corrupta’ que, entre desorientada y cautelosa, aún persiste en su empeño por no entregarse.