MERITOCRACIA ¿realidad o falacia?

Cuántas veces hemos escuchado al presidente decirnos que uno de los pilares de su administración es la meritocracia, lo que quiere decir que al sector público, con excepción de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, solo acceden los mejores y, adicionalmente, por concurso.  

Conozco de muchos casos que desmienten tal afirmación y por cercano en el tiempo el relacionado a una persona que probó suerte en un concurso de méritos y oposición convocado por una empresa pública. En principio, fiel al escepticismo de la mayoría de ciudadanos esta persona se mostraba reacia a participar. “¡Qué voy a ganar, eso ya ha de estar amarrado!” decía. Sin embargo, motivada por consejos ajenos que le decían “participa, al fin que no pierdes nada” –lo que no es verdad- decidió concursar.

Vino una primera entrevista con el titular del área requirente. Funcionario que a decir de la interesada quedó satisfecho con su perfil y experiencia profesional. Al cabo de unos días fue convocada junto a otras dos personas a rendir una prueba técnica de conocimientos relacionados con las labores a realizar. Según la participante le tomó una hora resolver el cuestionario de preguntas. Al final les comunicaron que quienes hubieren aprobado la prueba serían llamados a una entrevista final. En efecto, a los pocos días recibió una llamada diciéndole que sería entrevistada por el comité seleccionador. En esta entrevista de inicio se le comunicó que había obtenido el mayor puntaje en la prueba escrita. Luego de un corto diálogo sobre temas generales le indicaron que en breve sería publicado el resultado del concurso.

Desde entonces, han transcurrido cerca de dos semanas sin que oficialmente se comunique o publique el resultado final del concurso; no obstante, extraoficialmente conoció la participante que el puesto había sido adjudicado a otro de los concursantes, alguien que presta servicios en una institución vinculada a la empresa requirente.  

Lo ocurrido, según mi experiencia, no es algo extraño ni casual en el sector público. Percibo, con una que otra excepción, que los concursos se hacen con el exclusivo fin de cumplir con formalismos reglamentarios, ya que, más que una posibilidad, es una certeza que de antemano se tenga seleccionado al “ganador”. Lo triste de aquello es que los participantes se crean falsas expectativas al pensar que pueden tener alguna oportunidad. En esto, como en todo lo relacionado al Estado, también aplica aquel aforismo según el cual “hecha la ley, hecha la trampa”. En los instructivos correspondientes se contempla una instancia que a la postre resulta ser definitoria en estos concursos, la famosa “entrevista”, comodín que se emplea para favorecer al predestinado ganador. No importa que alguien exhiba mayores méritos o que sus conocimientos aventajen a los demás, esto puede ser revertido fácilmente otorgando a quien se quiere favorecer mayor puntaje en la “entrevista”, argucia que ha sido utilizada incluso en la selección de altas autoridades. 

Mi consejo a quienes quieran aventurarse a participar en concursos de méritos y oposición en el sector público, es que antes de presentarse busquen alguna "palanca" o padrino, alguien cuya recomendación sea lo suficientemente influyente para imponerse a los conocimientos y experiencia de otros participantes. En este país la transparencia sigue siendo una cantaleta que se utiliza para embaucar a los ingenuos.

La ley al servicio de la corrupción

En el año 2008, la Asamblea Constituyente dio a luz la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en reemplazo de la obsoleta ley vigente hasta entonces. El entusiasmo con que el oficialismo celebró ese hecho, hacía pensar que se había descubierto el antídoto contra la boyante corrupción imperante en todo el ámbito de la contratación pública. Corrupción generalizada, institucionalizada y socialmente aceptada. El país, en general carente de reconocimiento internacional, había logrado ubicarse en los primeros lugares del ranking de corrupción de Latinoamérica. Solo nos ganaban Venezuela, Paraguay, Honduras y Nicaragua. Todos ellos, incluido Ecuador, dirigidos por gobernantes 'revolucionarios'.

Pues sí, la corrupción había infectado todas las instancias públicas, desde tenencias políticas, comisarías, policía, juzgados, aduanas, ministerios, etc, etc, hasta las grandes empresas petroleras, eléctricas, y de telecomunicaciones. ¿Quién no escuchó alguna vez que los contratistas debían pagar 10, 15, 20 por ciento, o más, del valor de los contratos al afortunado directivo al mando de la institución estatal contratante -sin contar posteriores pagos a fiscalizadores y financieros-? Esto, cuando no se entregaban a ellos mismos los contratos mediante ingeniosas formas de asociación con profesionales inescrupulosos, o a empresas constituidas a nombre de testaferros

Esta situación, insostenible e incompatible con los principios del nuevo gobierno revolucionario, en cuyos postulados se destacaba la transformación ética del país, motivó la urgente contratación de consultorías para la elaboración de una nueva ley de contratación pública; la cual, en honor a la verdad, resultó casi un clon de la chilena. Sea como sea, bien diferente a la anterior, con conceptos y procedimientos innovadores. El internet sería la herramienta a través de la cual todos podrían ver los procesos y participar en las compras del estado. ¿Habría algo más transparente que eso? Claro que no. Por fin, la contratación pública dejaría de ser un sucio y oscuro negocio pactado a puerta cerrada para ventilarse a la vista de todos en la web. Tan novedosa era la ley que apenas puesta en vigencia aparecieron docenas de ‘especialistas’ que no se daban abasto para atender los pedidos de capacitación. Asimismo, en menos de lo que canta un gallo se imprimieron unos cuantos libros, en donde sus autores trataban de desentrañar los vericuetos legales para facilitar el trabajo de la burocracia.

Así las cosas, la mayoría de ciudadanos –entre los que me incluyo- pensamos que los procedimientos a ejecutarse a través del portal electrónico no dejaban ninguna posibilidad para subterfugios que permitieran actos de corrupción por parte de aquellos que ven la función pública como botín político. Más, para nuestra decepción, pronto se hizo evidente que la nueva ley tenía, no uno, sino varios bypass que permitían evadir los procedimientos regulares. Los más utilizados: la declaratoria de emergencia y el proveedor único. Bastaba que la máxima autoridad considere emergente la adquisición o ejecución de algo para que la contratación se haga sin concurso; es decir, seleccionando al contratista ‘a dedo’. Lo mismo pasaría de tener determinado bien un solo proveedor.

Para fortuna de la selecta corporación de iluminados que dirigen las instituciones públicas, el propio gobierno se encargó de declarar ad eternum la emergencia en casi todos los sectores y en todo el país. Así, infraestructura vial, construcción y equipamiento de hospitales y centros de salud, adquisición de medicinas, infraestructura y equipamiento destinado a seguridad, compra de energía y equipos de generación eléctrica, obras y equipamiento para telecomunicaciones, para la explotación hidrocarburífera, para hacer frente al invierno, a la sequía; el deporte y hasta el mal carácter de los volcanes, todo, sería susceptible de ser solventado declarando la emergencia. Curiosamente el concepto de emergencia, contrario al precepto constitucional y legal, sufrió las más antojadizas interpretaciones por parte de las administraciones central y seccional. Cualquier hecho accidental, como la caída de la indispensable fotocopiadora, la paralización de un ascensor, la rotura de ventanales, el choque de un conductor ebrio contra un poste de alumbrado público, podría ser considerado emergencia. Incluso se ha llegado a declarar la emergencia con anticipación a los acontecimientos naturales, por ‘prevención’. Ahora se entienden las razones para impedir, como en efecto se logró, que el órgano de control y la Procuraduría se abstengan de emitir informes previos a las contrataciones.

Pero a más de las emergencias, están exentos de los procedimientos precontractuales, y por tanto, sujetas al buen criterio de las partes, nueve casos de contrataciones que la ley denomina de ‘régimen especial’. Entre otros, las compras de medicinas por el seguro social, las calificadas por el presidente necesarias para la seguridad interna y externa del estado, las relativas a actividades de comunicación, de asesoría y patrocinio jurídico, las compras de repuestos y accesorios para maquinarias, las que celebren las entidades del estado con entidades o empresas de derecho público de la comunidad internacional, no necesitan seguir los procedimientos comunes. En otras palabras, las contrataciones más onerosas -una sola de las cuales puede superar con exceso a cientos de otras sujetas a la reglamentación legal- gozan de licencia para hacerse discrecionalmente ante la mirada contemplativa del órgano rector en la materia, el cual carece de facultad legal para impedir la consumación de irregularidades.

Más, ni siquiera los procedimientos sujetos a la ley y su reglamento están exentos de ser aprovechados por la viveza criolla que está al asecho para beneficiarse y sacar partido de las compras de menor cuantía, de ínfima cuantía, y aún otras, a las cuales simplemente se les asigna características que solo cumplen determinados bienes. Bien decía un alegre y desfachatado contratista: “solo los giles concursan”. Pero si lo anterior causa repudio ¿qué decir de las monumentales obras que se ejecutan con créditos otorgados por capitales asiáticos, que se pagan con hidrocarburos, con altos costos financieros, y se ejecutan a través de empresas del mismo estado otorgante del préstamo? Igualmente, no dejan de sorprender las adjudicaciones millonarias a empresas extranjeras con las que determinadas empresas públicas parecería estan ‘casadas’. 

No contentos con esto, se han escuchado voces que pretenden que entre las próximas reformas a realizarse en la ley, se incorpore una, por la cual, también estarían exentas de los procedimientos licitatorios comunes las contrataciones de bienes y servicios relacionadas con el giro específico del negocio de las empresas públicas. Lo que quiere decir que todas las compras de equipos y materiales, así como la contratación de servicios relacionados con: la exploración y explotación hidrocarburífera, de telecomunicaciones, electricidad, minería, etc., en el futuro se podrían hacer de forma directa.

Está claro que la corrupción y el despilfarro de recursos en el sector público no se neutraliza con nuevas leyes, ni creando instituciones con pomposos nombres que hacen alusión a la transparencia y el control, pues al mismo tiempo que se redactan las leyes también se escriben las trampas para evadirlas. No pocos directivos pensarán que si se permite el gasto descontrolado en cosas superfluas, suntuarias, viajes, talleres improductivos, consultorías inútiles, propaganda política… también les estará permitido aprovechar las facilidades que brinda la ley para hacer buenos negocios, más cuando hasta hoy el gobierno no ha implantado -ni parece que lo hará- una metodología de seguimiento y evaluación, que mida la eficiencia, la calidad del gasto y su impacto. ¿Será que la enunciada ‘revolución ética’ no está entre sus prioridades? Aparentemente es así, ya que la educación en valores, pilar sobre el que debe sustentarse cualquier intento por cambiar el comportamiento ciudadano parece no tener cabida en el sistema educativo.    

¿Y las veedurías que supuestamente se iban a impulsar como parte del control social y la participación ciudadana? Pues no se conoce de una sola -ni siquiera las relativas a las grandes inversiones en los proyectos estratégicos- que haya sido impulsada por el gobierno para vigilar que estos procesos cumplan con los principios de legalidad, transparencia, concurrencia y, oposición, básicos para asegurar un mínimo de idoneidad en toda contratación.

Sin embargo, contrario a lo que ocurre en la práctica, la perorata oficial continúa repitiendo el discurso anticorrupción, aunque cada vez son menos los que creen en él.  

El nuevo servidor público

Uno de los cambios que trajo la “revolución” es un nuevo modelo de funcionarias y funcionarios públicos. Hoy las entidades están saturadas de jóvenes directivos 35-0, no más de 35 años y cero experiencia. Siempre atareados, no se dan abasto, con dos o más blackberrys, la inseparable laptop, iPads y tablets. Llevar a cuestas todos estos equipos se considera signo de estatus. Rozagantes, elegantemente vestidos con ropa adquirida durante sus aburridos viajes fuera del país, fácilmente se distinguen del resto de empleados. Muchos van al gimnasio, hacen pilates, acuden al spa, manicure una vez por semana. Asiduos visitantes de la zona rosa, gustan de tomar coctelitos, tequila o algún otro licor de moda.

Con ellos, se ha institucionalizado la permanencia en las oficinas más allá del horario regular. Quien trabaja ocho horas diarias es visto como vago y falto de compromiso. Permanecer dos, tres, o más horas luego de concluida la jornada contribuirá a reforzar la imagen de entrega, sumisión e incondicionalidad que exige la revolución. Aquello, al igual que decir ‘sí’ a todo cuanto se le pida, independientemente de si es ilegal o antiético, es parte de lo que se conoce como “ponerse la camiseta”.  Y claro, a los jóvenes burócratas no les fue difícil adaptarse a estas exigencias, de ahí que mientras el resto da por concluida la jornada, ellos recién inician otra reunión. Y así trascurren sus vidas, de reunión en reunión, una más insustancial que otra.  Eso sí, de cada reunión deben obtener un “producto” que pasado a power point será presentado a la máxima autoridad, donde lo más seguro es que reciban una puteada que los vuelva a la realidad y les recuerde que nadie, con excepción del jefe, es perfecto. El nirvana estos jóvenes lo alcanzan cuando la autoridad los llama por su nombre de pila, les da una palmadita en la espalda o pide colaboración para involucrarlos en algún chanchullo. 

Mención especial merece la aparición en escena de un gran número de mujeres en puestos de relevancia. ¿De dónde salieron? Se escucha que andaban por ONG's, en redes de mujeres, haciendo un posgrado, en fin… Mujeres que dotadas de cierta autoridad son el terror de las oficinas. Es impresionante observar como la sensación de poder puede transformar un apacible valle en un volcán, ¡qué digo volcán!, en un cataclismo grado 10, de consecuencias impredecibles. Con decirles que ni siquiera sus congéneres se salvan. Estas mujeres, hiperactivas, en vigilia constante, están en todo, quieren acaparar varias tareas a la vez. Su obsesión por destacar las vuelve altamente competitivas, lo que sumado a las limitaciones en el conocimiento de ‘todo’, como ellas quisieran, las torna peligrosas en extremo, más si alguien se atreve a invadir su espacio celosamente marcado, las contradicen, o evidencian sus errores.   

Pero no todo es color de rosa en estos círculos que rodean al poder. Existen ciertas cosas que de tanto en tanto los atormenta. Una de ellas es la ejecución del plan operativo anual y posterior evaluación por resultados. Es que el futuro de la autoridad y por extensión de “su equipo”, dependen de la ejecución de ese plan. En realidad es una especie de prueba para comprobar cuánta habilidad tienen los funcionarios para gastar la mayor cantidad de recursos. El desempeño en el sector público se mide por una simple ecuación (más gasto = mayor eficiencia). De ahí que los últimos meses del año la administración entra en una suerte de paranoia contratando a diestra y siniestra. La consigna es gastar, gastar y gastar hasta que el saldo presupuestario sea lo más próximo a cero. En ese frenesí en que todo es emergente, se saltan procedimientos, se tuerce la ley, se inventan proveedores, florecen los talleres de capacitación, seminarios, etc. Es la época en que los más antiguos sacan a relucir todas sus artimañas para complacer al jefe, mientras los jovencitos sienten dolores de parto rindiendo cuentas sobre el avance de los proyectos. Lo que la mayoría ignora es que la obsesión por firmar contratos responde a otra ecuación (más contratos = más ingresos).

En beneficio de estos jóvenes es necesario decir que su comportamiento obedece a un instinto natural de conservación y supervivencia. No les queda otra. En estos tiempos quien se pone legalista o no se alinea con el “proyecto” está automáticamente fuera. Su concurrencia a marchas, contra manifestaciones y concentraciones, no son sino actividades que deben cumplir como buenos soldados. No entienden palote de política, menos han leído el manifiesto del movimiento; no importa, simplemente deben estar con la “revolución” y atender las disposiciones de las oficinas de recursos humanos, convertidas en centrales de campaña y reclutamiento. Estos chicos forman parte de la imagen de “renovación” que quiere proyectar el poder, igual que la nueva Constitución, nuevas leyes, nuevas carreteras, nuevo armamento… Son el relevo a funcionarios con ciertos años de servicio que, en unos casos, bajo grotescas e infundadas acusaciones; y en otros, apelando a una mañosa ley de servicio público, son obligados a renunciar.

En resumen, junto a la sostenida campaña en contra de los partidos políticos a fin de instaurar un nuevo partido único; igual que el mañoso nuevo órgano electoral, que validará nuevas reelecciones; igual que lo sucedido con la nueva Función Judicial, dependencia donde se procesa a opositores y disidentes; igual que la nueva Policía Nacional atrapada entre la infructuosa lucha antidelincuencial y la sinuosa manipulación política, lo que se pretende a través del enorme aparato estatal es tener el control absoluto y, de paso, contar con un inmenso ejército de servidores dispuestos a defender al Gobierno,  y sus cargos.

¿Qué pasará con este ejército de jóvenes cuando acabe la aventura “revolucionaria”, que de revolucionaria tiene muy poco y sí bastante de populismo, caudillismo, clientelismo, autoritarismo, concentración de poder, uso indiscriminado de recursos, abuso e intolerancia? No lo sé, Quizá, utilizando una palabra de moda, tendrán que “reinventarse”, y si no son despedidos, adaptarse a las exigencias del siguiente nuevo dueño del país.