miércoles, 21 de marzo de 2012

Minería, movilizaciones y desaciertos del Gobierno



Reflexiones sobre el tratamiento que viene dando el Gobierno al tema minero, y la confrontación con sectores sociales opuestos a esa actividad


1.    La forma como ha operado tradicionalmente la minería en Ecuador (artesanal y pequeña minería), ha posicionado en la ciudadanía -con sobrada razón- la idea de que es una actividad peligrosa, altamente contaminante, caótica, atentatoria a la dignidad y derechos de quienes ahí trabajan; que crea en su entorno anillos de miseria, exclusión, delincuencia, etc. Un claro ejemplo de aquello es Nambija. Con un antecedente tan negativo no se puede pretender que de la noche a la mañana la percepción ciudadana cambie sólo porque alguien dice que existe una minería responsable, amigable y diametralmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver.


2.    El Gobierno de Rafael Correa ha tenido tiempo de sobra para preparar las condiciones que le habrían permitido minimizar el rechazo. Por ejemplo, se pudo haber realizado las consultas previas que prevén la Constitución y la Ley. Asimismo, el MRNNR pudo haber creado los consejos consultivos, igualmente previstos en la Ley, a efectos de recoger y dar un tratamiento adecuado a los planteamientos de las comunidades afectadas. Se debió diseñar y ejecutar con la debida anticipación un plan de intervención en las áreas de influencia de los proyectos, informando y capacitando a la ciudadanía, e impulsando la conformación de veedurías. Es utópico esperar que la gente sienta como propio o se empodere de un proyecto, prácticamente impuesto, en el cual no ha tenido ninguna participación. Recién hace poco, y con métodos nada rigurosos, se está auscultado y priorizando las necesidades de las comunidades a beneficiarse con las regalías, cuando todo esto demandaba un trabajo sostenido, que no se suplanta con declaraciones contestarías, visitas esporádicas o acciones reactivas coyunturales.


3.    Es un grave error, que más tarde generará reclamos, infundir la idea que junto con la gran minería viene la felicidad de los pueblos. Si bien en principio esta actividad genera un determinado número de plazas de trabajo beneficiando el aporte de mano de obra local no calificada, conforme avanza el proceso productivo dichas plazas van disminuyendo significativamente. Es verdad que los recursos que genera la gran minería mejoran las cifras macrofiscales del Estado, más de ninguna manera existe una relación directa entre producción e inversión social en los sectores de influencia, los cuales, adicionalmente absorben el impacto ambiental, social y cultural negativos. Basta visitar el Oriente en donde el petróleo no ha sido precisamente la panacea que se ofreció a esos pueblos.        


4.    Es evidente que el Gobierno comenzó a reaccionar, buscar aliados, hacer ofrecimiento, firmar convenios y entregar recursos luego que la marcha de las organizaciones sociales -especialmente indígenas- era un hecho irreversible. Junto a ello se inició una campaña en contra de los organizadores en un intento por desprestigiar a los dirigentes y deslegitimar la convocatoria. Esta ha sido una práctica ensayada por todos los gobiernos, que a la postre genera efectos contrarios al esperado. Mientras más fuerte es la reacción oficial ante las manifestaciones de protesta, más las fortalece y legitima. Para el ciudadano común no es fácil entender la estrategia del Gobierno, que por una parte minimiza la marcha, y por otra, pone todo el peso logístico y de propaganda para contrarrestarla, al punto de convocar una contramarcha. ¿Qué se busca con ello? El llamado a “defender de la democracia” se percibe más bien como un ensayo desesperado por demostrar que su capacidad de movilización se encuentra intacta, que cuenta con respaldo popular y, de otra parte, reponerse del duro revés mediático y desgaste sufridos durante el proceso judicial contra Diario El Universo.


No obstante, independientemente de la diferencia numérica entre manifestantes de uno u otro sector, la oposición habrá logrado que el Gobierno, con sus acciones, se convierta en el principal promotor e impulsador de la recuperación de los sectores contrarios al régimen, incluidos algunos partidos políticos que hasta hace poco estuvieron casi en el olvido. Todo esto lleva a la conclusión que, desde el régimen hace falta analizar sin prejuicios y con serenidad los acontecimientos políticos, rectificar lo que haya que rectificar, entendiendo que gobernar no es otra cosa que tomar las mejores decisiones en función de lo que conviene al país, aún cuando aquellas decisiones no sean del agrado de los gobernantes.


Por último y en referencia a los actores convocados por el Gobierno, es necesario reflexionar sobre el rol que en estas movilizaciones cumplen ciertas organizaciones gremiales, funcionarios y trabajadores del sector público. A sabiendas que la gente se moviliza sólo por dos razones: unas motivadas por convicciones ideológicas políticas (producto de un trabajo de formación a largo plazo), y otras por expectativas o conveniencias coyunturales, en las proyecciones que hacen los estrategas del oficialismo sería un error pensar que quienes levantan pancartas y llenan una plaza son seguros aliados o adherentes al proyecto impulsado desde el Gobierno, error que se evidenció en la última consulta popular.

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