Pasada la consulta popular del 7 de mayo, buena parte de la población se ha quedado en el limbo (Estado semejante al que experimentan quienes han absorbido escopolamina). Algunos porque nunca entendieron de que se trataba ese acto y, otros, porque simplemente hace mucho dejaron de creer en “los cambios” y piensan que a pesar de la nueva Constitución, nuevas leyes, consultas, referendos, etc, etc, todo seguirá igual. Igual de deficientes los sistemas de salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad social, en fin… que el país seguirá igual, y que igual la corrupción seguirá paseándose impunemente por las dependencias públicas, mientras despistados censores la buscan en los editoriales de los periódicos.
Es que tanto se ha abusado del recurso –en principio democrático- del sufragio, que ha terminado devaluado y distorsionado, pues en lugar de utilizarse como un medio de fortalecimiento de la democracia, se ha pretendido darle un efecto legitimador de un estilo de gobierno, de ahí que es común escuchar a los voceros del oficialismo y al propio Presidente frases como: “el pueblo reclama…”, “el pueblo exige…”, “el país demanda…” dando por hecho que el gobernante es la voz del pueblo, y por extensión la voz de Dios.
Pese a ello, el mandatario ha advertido su intención de seguir convocando a las urnas, por lo que no sería nada raro que someta a decisión popular temas seguramente direccionados a garantizar ad eternum la continuidad de su proyecto, poniéndose a tono con las pretensiones de sus colegas del Alba.
Pero bien, si antes no sucede nada, a menos de dos años para que se elija nuevo presidente de la República, suponemos que pronto comenzarán a delinearse las estrategias que permitan, a unos, continuar en el poder; y, a otros, el recambio de autoridades.
En principio, parecería que a Alianza País, o más bien, a Correa, le viene fácil su cometido. Al obeso aparataje estatal, los cuantiosos recursos provenientes del petróleo que le permite sostener su política asistencialista, docenas de medios de comunicación incautados, las demás funciones del Estado desprestigiadas y bajo control, una gran cantidad de nuevos burócratas-brigadistas, han de sumarse las debilidades de una oposición timorata, dispersa, caracterizada por la ausencia de organización política, contraposición de intereses, incapacidad de construir propuestas alternativas y viables, falta de una estrategia coordinada, y excesivo afán de protagonismo.
A efectos de afianzar su imagen, en los siguientes dos años, el régimen tratará de ejecutar a paso acelerado cuanta obra crea necesaria para demostrar eficiencia, para ello seguirá utilizando declaratorias de emergencia, mecanismo de dudosa transparencia, que permite asignar recursos de forma discrecional y adjudicar directamente contratos sin someterse a engorrosos procedimientos licitatorios. El sistema vial será exhibido como muestra de que la revolución avanza, lo mismo que unos cuantos remozados hospitales y escuelitas, o por ahí ciertos cambios en el sistema judicial. De los llamados megaproyectos, siempre que el flujo de préstamos chinos no falle, seguramente se verá algo más que las primeras piedras. Posiblemente a última hora se decreten alzas de salarios y del bono de la pobreza.
Sin embargo, y sin que de ello se pueda responsabilizar a la oposición, conspiran contra el sueño oficialista: el propio Gobierno y su estilo impositivo y confrontador; el desenfrenado incremento de la delincuencia; la pobreza y el desempleo cuya patética imagen cotidiana desmiente las cifras oficiales; el estancamiento de la economía, la cual sigue anclada al precio del petróleo, las cargas tributarias, las remesas de los migrantes, los créditos externos y al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; la prácticamente nula inversión extranjera; la ineficiencia de la mayoría de administradores dedicados a endeudarse unos, y otros a comprar de forma compulsiva; la corrupción generalizada; la deficiente, o más bien inexistente estrategia comunicacional, limitada a acciones propagandísticas y enredada en peleas mediáticas inoficiosas; el desgaste del repetitivo discurso oficial que después de más de cuatro años, se empecina en seguir atribuyendo las culpas pasadas y futuras a la “prensa corrupta”, la “banca corrupta”, la “izquierda infantil”, los “ponchos dorados”, los “pelucones”, y “la partidocracia”, clichés que al igual que esos otros: “la patria, la salud, la alegría, la revolución… ya es de todos”, por carentes de vínculo objetivo entre el enunciado y la realidad hace rato perdieron los efectos que los códigos goebbelianos pretenden de la propaganda; la incapacidad de Alianza País para construir un movimiento orgánico, doctrinario, democrático y participativo, que le permita salir del empantamiento al que lo ha conducido su actual esquema caudillista, la manipulación a que están sometidas las funciones y organismos del Estado, la constante transgresión al ordenamiento jurídico, el ataque sistemático a todos quienes no adhieren al proyecto oficial, el desprestigio de varios de sus asambleístas salpicados por denuncias de corrupción, y así se podría seguir enumerando un sin fin de factores negativos que no han podido ser capitalizados por la oposición.
No hay que olvidar que en el último proceso electoral el “NO” tuvo dos grandes aliados: la clase media, desencantada de un proyecto ausente de respuestas y de imaginación, que aparentemente no da más; y el movimiento indígena. Dos sectores que difícilmente pueden recuperarse, a los que se sumó buena parte de la izquierda, además de los disidentes del movimiento oficialista. De otra parte, en gran medida los votos alcanzados por el Gobierno en la consulta provinieron de la vertiente controlada por algunos alcaldes y prefectos en determinadas provincias, apoyo que se fundamenta en las leyes del mercado (oferta y demanda) y no en principios ni ideologías.
Igual cosa sucede con gran parte del electorado de las provincias de la costa, presa fácil del clientelismo populista, práctica que demanda ingentes recursos. Esto, fuera de los beneficiarios del bono de la pobreza, del seguro social campesino y de algunos sectores pauperizados que todavía confían en el discurso presidencial, configura un apoyo absolutamente precario.
Si la oposición se empeña en seguir actuando como hasta ahora, desde ya se vislumbra una próxima campaña electoral bajo el mismo libreto simple y pedestre, que han utilizado los políticos desde el llamado “retorno a la democracia”, enfocado en exponer a la luz todos los trapos sucios del contrincante, sus allegados o colaboradores, y elaborar una lista de ofrecimientos, entre los que no pueden faltar: la generación de empleo, la redistribución equitativa de la riqueza, el combate a la corrupción y la delincuencia, la mejora de los servicios públicos, el impulso a la producción, la construcción de vivienda, y así por el estilo, todo esto, vendido a través de logos y clichés pegajosos. La única diferencia con anteriores campañas es que esta vez, el vendedor de ilusiones de preferencia debería ser una figura nueva, desvinculada del pasado.
Siendo que la política en el país se maneja sobre esquemas básicos, nada complicados, ya veremos que hacen los actores para sacar ventaja en ese elemental escenario.
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