“…en la práctica aquello que podría parecer un bien
intencionado acercamiento para beneficiar al país, tiene un entramado de
corrupción en el que se involucran en cadena funcionarios, generalmente del más
alto nivel, de organismos, entidades y empresas públicas, quienes a cambio de
su visto bueno o aceptación del negocio, reciben un valor fijo o determinado
porcentaje en relación al precio del contrato, amén de homenajes, regalos y
viajes, con lo que se perfecciona el cohecho”
Diccionarios, enciclopedias
y publicaciones, todos coinciden acerca del significado de la palabra “lobby”,
término de origen inglés que en definitiva se utiliza para determinar a
personas o grupos de personas que se dedican a hacer contactos, influenciar y
presionar en la toma de decisiones en el sector público.
A tal punto se ha
generalizado esta práctica que países como España, Colombia y Chile, entre
otros, están procesando la reforma en unos casos, y en otros, la elaboración de
leyes, que regulen esta actividad a fin de contar con una herramienta más eficiente
para combatir la corrupción, de forma tal que el lobby sea un trabajo público
sujeto a los órganos de control y a la vigilancia social. Sin embargo, existen
otros como los Estados Unidos y la mayoría de países europeos, en donde el
lobby se considera legal, a menos que se compruebe que algún funcionario ha incurrido
en cohecho.
El lobbysta no tiene un
perfil profesional específico, bien puede ser abogado, empleado público, alguien
dedicado a los negocios, político, militar en retiro, o simplemente cualquier
individuo que descubrió que la mejor forma de ganar dinero es generando
necesidades, solucionando problemas o induciendo a contratar con el Estado. Un
buen lobbysta es alguien que no tiene preferencias políticas, pues debe moverse
en todos los gobiernos; eso sí, ha de contar con una carpeta de contactos que
incluya necesariamente personas influyentes y autoridades de alto nivel. El
trabajo de estos individuos se desenvuelve tanto en oficinas reservadas como en
hoteles, restaurantes de lujo, o algún discreto lugar. En muchos casos requieren
de un capital que les permita realizar gastos y mantenerse durante períodos relativamente
largos de tiempo mientras concretan los “negocios”, cosa que es considerada
como una inversión que esperan tenga luego una sustancial recompensa.
En ciertos países latinoamericanos el lobby no
tiene ningún control, por lo que cada vez es mayor el número de individuos
dedicados a ello. Contrario a lo que ocurre en los Estados Unidos y Europa, en
donde la presión e influencia que ejercen los lobbistas sobre congresistas y
parlamentarios tiene como objetivo lograr la toma de decisiones, tratando de
evitar la emisión de leyes, o que éstas no afecten los intereses de las grandes
transnacionales en aspectos tales como el comercial, medioambiental,
farmacéutico, automotriz, o de seguridad, acá estas personas orientan su acción
de intermediación a la concreción de negocios con el Estado. Hasta hace poco el
mayor número de lobbistas se vinculaba a los sectores hidrocarburífero, de defensa,
seguros y telecomunicaciones. Hoy están en prácticamente todos los sectores,
desde educación hasta obras públicas, salud, seguridad, energía, justicia, gobiernos
autónomos, etc; así como en el Congreso y órganos de control. Otra diferencia entre
el lobbista extranjero y el criollo, es que mientras los lobbistas
norteamericanos y europeos -entre los que
se cuentan expresidentes y exjefes de estado- reciben una remuneración
anual, aquí estas personas ganan una comisión en función de los negocios que
logran “cerrar”, lo que estimula las prácticas antiéticas, ilegales, e
inclusive delictivas. De ahí que su acción muchas veces sea burda, pues van de
Ministerio en Ministerio y de dependencia en dependencia, ofreciendo -a quien creen es el contacto clave- un
“negocio” que puede incluir financiamiento externo si la entidad no cuenta con
recursos, así como el suministro de bienes o la ejecución de obras, de cualquier
clase, pues supuestamente tienen contactos en todas partes del mundo -desde la China, Taiwán, Rusia, o India,
hasta en los países africanos- con toda clase de proveedores.
No obstante, quienes
practican esta actividad, refieren que su trabajo es más o menos similar al de
un vendedor o agente de negocios, que oferta determinados productos en base a
las necesidades de la entidad ante la cual se hace el acercamiento. En otras
palabras, para ellos, el lobbista es una especia de visionario que descubre
necesidades que no han sido detectadas por la administración, y otras veces es
un facilitador de recursos, de los que generalmente carece el Estado, a cambio
de que la compra o la obra se la adjudique a quien el prestamista lo determine.
Visto así, parecería que dicha actividad más bien es beneficiosa para el
Estado. Sin embargo, el tema no es tan simple ni inocente como parece. En Latinoamérica,
los lobbistas son comisionistas que reciben dicho “fee” por su intermediación o
apertura de negocios, lo cual tampoco parecería ilegal, puesto que quien
aparentemente asumiría el costo de dicha comisión sería la persona, natural o
jurídica, nacional o extranjera, a quien se le adjudique el contrato.
Más, en la práctica aquello
que podría parecer un bien intencionado acercamiento para beneficiar al país,
tiene un entramado de corrupción en el que se involucran en cadena funcionarios,
generalmente del más alto nivel, de organismos, entidades y empresas públicas, quienes
a cambio de su visto bueno o aceptación del negocio, reciben un valor fijo o determinado
porcentaje en relación al precio del contrato, amén de homenajes, regalos y
viajes, con lo que se perfecciona el cohecho. Es que en la práctica estos
negocios se convierten en negociados, los cuales se caracterizan por el
incumplimiento de la normativa jurídica societaria, evasión de los procesos
precontractuales de selección o licitación, exoneraciones tributarias, grandes
sobreprecios, altísimos costos de financiamiento, costo final impredecible a causa
de imprevistos e indexación de precios. A todo ello, agréguese que muchos de
estos “negocios” devienen en incumplimiento de contratos y mala calidad de los
bienes u obras; o lo que es peor, se erigen en grandes elefantes blancos que no
prestan ningún servicio a la ciudadanía. De esta manera el lobbista que en
principio parecía un inocente intermediario, se convierte en actor principal de
una tramoya de corrupción que deviene en la comisión de varios delitos, entre
estos, peculado. Dependiendo del monto de los contratos, la comisión o “fee”
(como prefieren llamarla) que recibe el lobbista varía, así en tratándose de
valores muy altos puede ser del 0,5% al 2%; en otros, dicho porcentaje incluso
puede llegar al 5%.
Se conoce de algunos lobbistas
que complementan su actividad realizando gestiones con la finalidad de evitar o
desvanecer multas y glosas de algunos “clientes”, o influir en pronunciamientos
que tienen el carácter de vinculantes en la administración, esto obviamente a cambio
de un pago proporcional al beneficio que se consiga. También como una
ramificación de esta labor se habla de la existencia de personas que se
encargan de recopilar información y apropiarse de documentación comprometedora,
para luego someter a chantaje a los involucrados y venderles la solución a sus
problemas a cambio de altas sumas de dinero, emolumento que incluye su
intermediación ante los órganos públicos para evitar sanciones. Negocio redondo
en donde todos ganan: el investigado, el intermediario y el funcionario que se
presta para tapar los entuertos. Solo hay un perdedor: la sociedad.
Lamentablemente, en su
actividad ilícita, el lobbista cuenta con un seguro que generalmente funciona.
Es que al haber recibido dinero o alguna otra especie por sus favores, los
funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, no develan el nombre
de los intermediarios, con lo que sus acciones gozan de impunidad y pueden
continuar en su acción atentatoria al bien común. Esta práctica, tal como se la
lleva, de ninguna manera puede decirse que esté amparada en las garantías constitucionales,
ya que ninguna de ellas faculta el tráfico de influencias, la concusión, el
cohecho, o el peculado.
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