Reflexiones sobre el tratamiento que viene dando el Gobierno al tema minero, y la confrontación con sectores sociales opuestos a esa actividad
1. La forma como ha operado
tradicionalmente la minería en Ecuador (artesanal y pequeña minería), ha
posicionado en la ciudadanía -con sobrada razón- la idea de que es una
actividad peligrosa, altamente contaminante, caótica, atentatoria a la dignidad
y derechos de quienes ahí trabajan; que crea en su entorno anillos de miseria,
exclusión, delincuencia, etc. Un claro ejemplo de aquello es Nambija. Con
un antecedente tan negativo no se puede pretender que de la noche a la mañana
la percepción ciudadana cambie sólo porque alguien dice que existe una minería
responsable, amigable y diametralmente distinta a la que estamos acostumbrados
a ver.
2. El Gobierno de Rafael Correa ha
tenido tiempo de sobra para preparar las condiciones que le habrían
permitido minimizar el rechazo. Por ejemplo, se pudo haber realizado las
consultas previas que prevén la Constitución y la Ley.
Asimismo, el MRNNR pudo haber creado los consejos consultivos, igualmente
previstos en la Ley, a efectos de recoger y dar un tratamiento adecuado a los
planteamientos de las comunidades afectadas. Se debió diseñar y ejecutar con la
debida anticipación un plan de intervención en las áreas de influencia de los
proyectos, informando y capacitando a la ciudadanía, e impulsando la conformación
de veedurías. Es utópico esperar que la gente sienta como propio o se empodere de un proyecto,
prácticamente impuesto, en el cual no ha tenido ninguna participación. Recién
hace poco, y con métodos nada rigurosos, se está auscultado y priorizando las
necesidades de las comunidades a beneficiarse con las regalías, cuando todo esto
demandaba un trabajo sostenido, que no se suplanta con declaraciones
contestarías, visitas esporádicas o acciones reactivas coyunturales.
3. Es un grave error, que más
tarde generará reclamos, infundir la idea que junto con la gran minería viene
la felicidad de los pueblos. Si bien en principio esta
actividad genera un determinado número de plazas de trabajo beneficiando el
aporte de mano de obra local no calificada, conforme avanza el proceso
productivo dichas plazas van disminuyendo significativamente. Es verdad que los
recursos que genera la gran minería mejoran las cifras macrofiscales del
Estado, más de ninguna manera existe una relación directa entre producción e
inversión social en los sectores de influencia, los cuales, adicionalmente
absorben el impacto ambiental, social y cultural negativos. Basta visitar el
Oriente en donde el petróleo no ha sido precisamente la panacea que se ofreció
a esos pueblos.
4. Es evidente que el Gobierno comenzó a
reaccionar, buscar aliados, hacer ofrecimiento, firmar convenios y entregar
recursos luego que la marcha de las organizaciones sociales -especialmente indígenas- era un hecho
irreversible. Junto a ello se inició una campaña en contra de los organizadores
en un intento por desprestigiar a los dirigentes y deslegitimar la
convocatoria. Esta ha sido una práctica ensayada por todos los gobiernos, que a
la postre genera efectos contrarios al esperado. Mientras más fuerte es la
reacción oficial ante las manifestaciones de protesta, más las fortalece y
legitima. Para el ciudadano común no es fácil entender la estrategia del
Gobierno, que por una parte minimiza la marcha, y por otra, pone todo el peso
logístico y de propaganda para contrarrestarla, al punto de convocar una
contramarcha. ¿Qué se busca con ello? El llamado a “defender de la democracia”
se percibe más bien como un ensayo desesperado por demostrar que su capacidad de
movilización se encuentra intacta, que cuenta con respaldo popular y, de otra
parte, reponerse del duro revés mediático y desgaste sufridos durante el
proceso judicial contra Diario El Universo.
No obstante,
independientemente de la diferencia numérica entre manifestantes de uno u otro
sector, la oposición habrá logrado que el Gobierno, con sus acciones, se
convierta en el principal promotor e impulsador de la recuperación de los sectores contrarios al régimen, incluidos algunos partidos
políticos que hasta hace poco estuvieron casi en el olvido. Todo esto lleva a
la conclusión que, desde el régimen hace falta analizar sin prejuicios y con
serenidad los acontecimientos políticos, rectificar lo que haya que rectificar,
entendiendo que gobernar no es otra cosa que tomar las mejores decisiones en
función de lo que conviene al país, aún cuando aquellas decisiones no sean del
agrado de los gobernantes.
Por último y en referencia
a los actores convocados por el Gobierno, es necesario reflexionar sobre el rol
que en estas movilizaciones cumplen ciertas organizaciones gremiales, funcionarios y
trabajadores del sector público. A sabiendas que la gente se moviliza sólo por
dos razones: unas motivadas por convicciones ideológicas políticas (producto de
un trabajo de formación a largo plazo), y otras por expectativas o
conveniencias coyunturales, en las proyecciones que hacen los
estrategas del oficialismo sería un error pensar que quienes levantan pancartas
y llenan una plaza son seguros aliados o adherentes al proyecto impulsado desde
el Gobierno, error que se evidenció en la última consulta popular.
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