La Ley de Comunicación

Luego que la Ley de Comunicación ha sido oficialmente consagrada, se siguen incorporando nuevos padrinos. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, por todos los medios, se escuchan "voces" de artistas, gente de radio, tv, y de algunos aspirantes a periodistas, que se congratulan, unos, porque sus canciones pronto serán escuchadas y sus producciones vistas –obligatoriamente- por todos; otros, porque “por fin se democratizará la información”. Lo curioso es que muchos de los artistas y comentaristas que aparecen en las propagandas se dieron a conocer gracias a las producciones y la difusión de los "medios corruptos"; más resulta que han estado invisibilizados, y de paso, explotados. Lo que no les dijo quien los contactó, es que el éxito, con ley o sin ella, no se consigue por decreto ni a través de producciones baratas (en calidad) y, en el caso de audiovisuales, recurriendo al chiste burdo, sexista, o racista.

La avalancha propagandística que estoicamente viene soportando la ciudadanía, con música sacra de fondo y tomas del jolgorio montado por el gobierno, trata de posesionar en la mente de la gente lo buena e inofensiva que es la ley, y que gracias a la “revolución” se ha rescatado la libertad de opinión, la cual, según se dice, "ha estado secuestrada por los medios mercantilistas". Cosa curiosa, pues fueron estos mismos medios y sus presentadores “estrellas” los que impulsaron la candidatura de quien actualmente detenta el poder. Esto sin contar que desde hace cinco años han estado al servicio del gobierno una veintena de medios incautados, entre estaciones de televisión, radioemisoras y periódicos, la mayoría de alcance nacional, y que durante los últimos siete años, ya utilizando las tarimas o mediante permanentes cadenas nacionales de radio y tv, quien ha tenido mayor exposición mediática para hacer campaña electoral, atacar o adjetivar a sus detractores, promocionando la obra gubernamental, es quien hoy se proclama el Simón Bolívar de la libertad de expresión.

La nueva ley es algo así como una bonita camisa de fuerza. Dice, por ejemplo, que los medios están obligados a publicar todo aquello que sea de “relevancia pública”. Qué puede ser más relevante y de interés público que cualquier cosa que haga o diga el supremo jefe, o que salga del ministerio de propaganda. Gracias a ello, ahora sí, estaremos enterados de las cosas más insignificantes, revestidas de trascendencia gracias a una solemne voz en off, titulares grandilocuentes, o imágenes rebuscadas. En resumen, ya no tendremos una sabatina semanal, sino una cadena continua durante toda la semana. La novel ley, también incorpora una figura jurídica que parece el título de un cuento de terror, el “linchamiento mediático”, frase que en buen romance significa que está prohibido a los medios publicar sobre hechos escabrosos –como escándalos de corrupción y otros actos penados por la ley- mientras la justicia no se haya pronunciado.

Luego de experiencias pasadas, esto parece un buen intento para curarse en salud. De haber estado vigente esta norma tiempo atrás, no se habrían podido descubrir los millonarios contratos otorgados por la administración a un influyente personaje, la falsificación de título de un poderoso funcionario, la adquisición de radares inservibles, ambulancias con sobreprecio, o que se denuncien millonarios negociados a través de la reventa de crudo entregado a un país extranjero. Otra cosa que no se sabe cómo va a operar es la denominada “responsabilidad ulterior” que hace corresponsable al medio por las expresiones que en él se emitan. Que alguien explique cómo el medio podrá evitar opiniones expresadas en vivo por un entrevistado. ¿O la intención será que se supriman las entrevistas y programas de opinión, y que esos espacios se dediquen a hablar de fútbol o de farándula, o lo que es peor, que los medios cierren sus puertas?

Uno de los argumentos en que se sustentó la propuesta de ley, fue que los medios venden basura. Lo que no se dice es que son precisamente los medios incautados -en manos del gobierno- los principales productores y transmisores de programas basura. Y es precisamente gracias a estos programas, que cantantes y “talentos” de tv -que animan programas futboleros, de farándula, o de sensacionalismo amarillista- de la noche a la mañana se convirtieron en íconos defensores de la ley. La mala noticia para la casi totalidad de ellos es que pasada la campaña de promoción y posicionamiento de la ley, ya no se los necesitará. Para el gobierno no es suficiente la incondicionalidad, más importante es la funcionalidad; es decir, que la credibilidad e influencia que se tenga en el público sean rentables. En estos tiempos de revolución, no solo los adultos son desechables; también lo son todos quienes dejan de ser utilitarios, los que no cumplieron con las expectativas que se tenía, o no entendieron bien aquello de “ponerse la camiseta”.  

Coherente con su vocación controladora, al gobiernismo se le ocurrió la brillante idea de crear órganos supervisores-juzgadores conformados por representantes de entidades subordinadas, y un superintendente nombrado por el supremo jefe. Así, el gobierno se convierte en inspector, alguacil, y juzgador. Él calificará si los medios cumplen o no con la ley, y él mismo los sancionará. De esa manera los medios que no estén alineados con el oficialismo quedarán en la más solitaria indefensión, pues hasta el Defensor del Pueblo se convirtió en abogado de los organismos estatales.

Siendo justos, hay que reconocer que la maquinaria propagandística del gobierno ha demostrado ser efectiva. La estrategia de doblegar sistemáticamente a los potenciales y supuestos enemigos que fue construyendo el régimen se ha cumplido eficientemente. Uno por uno, bajo la tesis de que la legitimidad solo se la adquiere en las urnas, todos han sido descalificados, estigmatizados y asediados judicialmente. Salvo alguna que otra escaramuza, el único sector bien librado ha sido el financiero, principal beneficiario de las políticas gubernamentales.

Ciertamente la prensa privada no ha sido un dechado de virtudes, ejemplo de democratización de la palabra, o de independencia. Salvo ciertas excepciones, sus espacios han servido a intereses particulares, grupos de poder, o determinados sectores políticos. En más de una ocasión, se han prestado para enervar el endeble prestigio de algunos gobiernos o para impulsar campañas orientadas a acabar, sin mayores elementos de juicio, con la honra de ciertos funcionarios, y aún de particulares. Sin embargo, nada justifica la clara intención del oficialismo de acabar con los reducidos espacios de expresión que le quedan a la debilitada oposición, silenciarla con procedimientos retardatarios, obligar a que se autocensuren, e imponer a rajatabla su sola verdad. Si en la práctica no existen mecanismos de control efectivo de la corrupción; si hasta los contratos de préstamo con la banca china, principal acreedora del país, se los maneja con el carácter de reservados, ¿qué se puede espera a futuro, si se cierran todas las puertas al periodismo investigativo, que es lo que en realidad parece molestar al régimen?   

Es imposible no recordar que, a su tiempo, estalinismo y fascismo (aparentemente enemigos irreconciliables) utilizaron como principal recurso para consolidar su poder el control de la información y la utilización de la propaganda. Recursos que sirvieron para desprestigiar a sus opositores y sembrar el odio, al tiempo que se sobredimensionaba las ejecutorias gubernamentales y se sublimizaba a sus líderes. Utilizando la propaganda, se hizo creer al pueblo en un futuro promisorio. También se inventaron enemigos para justificar la purga. “Enemigos del pueblo” se llamó a la disidencia en el caso del estalinismo, mientras que el fascismo arremetió en contra de comunista y judíos, los que de a poco fueron sometidos y exterminados, esto, con la complacencia de masas alienadas que impasibles convalidaban esos actos de barbarie.  

El entusiasmo con que algunos han acogido la ley, hace ver lo manipulables que son las masas. Masas que con reprimida satisfacción ven como los enemigos que creó el gobierno reciben su merecido, perdiendo de vista a los verdaderos responsables de la exclusión e inequidad que los afecta.