Cuántas
veces hemos escuchado al presidente decirnos que uno de los pilares de su
administración es la meritocracia, lo que quiere decir que al sector público,
con excepción de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, solo
acceden los mejores y, adicionalmente, por concurso.
Conozco
de muchos casos que desmienten tal afirmación y por cercano en el tiempo el
relacionado a una persona que probó suerte en un concurso de méritos y oposición convocado
por una empresa pública. En principio, fiel al escepticismo de la mayoría de
ciudadanos esta persona se mostraba reacia a participar. “¡Qué voy a ganar, eso
ya ha de estar amarrado!” decía. Sin embargo, motivada por consejos ajenos que
le decían “participa, al fin que no pierdes nada” –lo que no es verdad- decidió
concursar.
Vino
una primera entrevista con el titular del área requirente. Funcionario que a
decir de la interesada quedó satisfecho con su perfil y experiencia
profesional. Al cabo de unos días fue convocada junto a otras dos personas a
rendir una prueba técnica de conocimientos relacionados con las labores a
realizar. Según la participante le tomó una hora resolver el cuestionario de
preguntas. Al final les comunicaron que quienes hubieren aprobado la prueba serían
llamados a una entrevista final. En efecto, a los pocos días recibió una llamada
diciéndole que sería entrevistada por el comité seleccionador. En esta
entrevista de inicio se le comunicó que había obtenido el mayor puntaje en la
prueba escrita. Luego de un corto diálogo sobre temas generales le indicaron que en breve sería publicado el resultado del concurso.
Desde
entonces, han transcurrido cerca de dos semanas sin que oficialmente se
comunique o publique el resultado final del concurso; no obstante,
extraoficialmente conoció la participante que el puesto había sido adjudicado a
otro de los concursantes, alguien que presta servicios en una institución
vinculada a la empresa requirente.
Lo
ocurrido, según mi experiencia, no es algo extraño ni casual en el sector
público. Percibo, con una que otra excepción, que los concursos se hacen con el
exclusivo fin de cumplir con formalismos reglamentarios, ya que, más que una
posibilidad, es una certeza que de antemano se tenga seleccionado al “ganador”.
Lo triste de aquello es que los participantes se crean falsas expectativas al
pensar que pueden tener alguna oportunidad. En esto, como en todo lo
relacionado al Estado, también aplica aquel aforismo según el cual “hecha la
ley, hecha la trampa”. En los instructivos correspondientes se contempla una
instancia que a la postre resulta ser definitoria en estos concursos, la famosa
“entrevista”, comodín que se emplea para favorecer al predestinado ganador. No
importa que alguien exhiba mayores méritos o que sus conocimientos aventajen a
los demás, esto puede ser revertido fácilmente otorgando a quien se quiere
favorecer mayor puntaje en la “entrevista”, argucia que ha sido utilizada
incluso en la selección de altas autoridades.
Mi consejo a quienes quieran aventurarse a participar en concursos de méritos y oposición en el sector público, es que antes de presentarse busquen alguna "palanca" o padrino, alguien cuya recomendación sea lo suficientemente influyente para imponerse a los conocimientos y experiencia de otros participantes. En este país la transparencia sigue siendo una cantaleta que se utiliza para embaucar a los ingenuos.
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